El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es conocido también como el impuesto de las hipotecas ya que calcula sobre la escritura pública ante notario y se aplica a todo tipo de documentos notariales, mercantiles y administrativos.

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    El AJD está regulado por la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en España suele ser más alto que en otros países europeos como Francia, Italia o Portugal. Sin embargo, en otros países como Alemania, Holanda o Reino Unido no se paga este tributo.

    Cómo se calcula el impuesto de actos jurídicos documentados

    Vamos a centrarnos en el cálculo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en España y depende de dos factores. El primero de ellos es la comunidad autónoma en la que se formaliza el préstamo y el segundo el valor de la hipoteca. El porcentaje que se aplica a dicho valor puede oscilar entre el 0,5% y el 1,5%, dependiendo de la comunidad autónoma como ya hemos dicho. 

    En este sentido, las comunidades autónomas más caras son Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia, con un 1,5% de gravamen. Por el contrario, las más baratas son Ceuta, Melilla, Navarra y País Vasco con un 0,5%. 

    Por supuesto, como en el resto de impuestos, existen reducciones del impuesto en algunas comunidades con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a distintos colectivos como las familias numerosas, los jóvenes o las personas con discapacidad, entre otros.

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    Quién paga el AJD en una hipoteca

    Quién paga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es una de las dudas más comunes entre los compradores de una vivienda. ¿Lo paga la persona que solicita el préstamo?, ¿corre a cargo del banco?, ¿lo pagan ambos?

    Para responder a esta pregunta, cabe diferenciar dos momentos concretos, ya que hasta octubre de 2018, era el interesado en solicitar el préstamo quién debía hacerse cargo del impuesto. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año el Tribunal Supremo modificó la Ley Hipotecaria, imponiendo la obligación de pagar el AJD al prestamista, es decir, la entidad bancaria o financiera.

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